La Ley 10/2010 y las listas de sanciones

Es la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de España, de 28 de abril de 2010. Define quiénes son sujetos obligados (artículo 2), qué medidas de diligencia debida aplican a sus clientes (artículos 3 a 6), qué control interno deben tener (artículo 26), qué deben comunicar al SEPBLAC (artículo 18) y durante cuánto tiempo conservan la documentación (artículo 25). La desarrolla el reglamento aprobado por el Real Decreto 304/2014.

Los que enumera el artículo 2.1 de la ley: entre otros, bancos y entidades financieras, aseguradoras de vida, inmobiliarias y promotores, auditores, contables externos y asesores fiscales, notarios y registradores, abogados y procuradores en determinadas operaciones, comerciantes de joyas y metales preciosos, casinos y proveedores de servicios de criptoactivos. También las personas o entidades no residentes que ejercen esas actividades en España.

La ley no nombra ninguna herramienta ni un método concreto. Lo que fija su artículo 42 es el resultado: las sanciones financieras de la UE y de la ONU obligan a cualquier persona física o jurídica desde el momento de la designación, y los sujetos obligados deben tener políticas y procedimientos para aplicarlas, proporcionados a su tamaño y a sus riesgos. Comprobar a clientes y titulares reales en las listas es la forma práctica de saber si está ante una persona designada. Para su caso concreto, consulte a su órgano de control interno o a un asesor.

Diez años. El artículo 25 de la Ley 10/2010 obliga a los sujetos obligados a conservar durante ese plazo la documentación en que se formaliza el cumplimiento de la ley, y a eliminarla después. Pasados cinco años desde el fin de la relación de negocios, solo pueden acceder a ella los órganos de control interno y, en su caso, la defensa legal. Un informe de comprobación con fecha y hora le permite mostrar qué nombre comprobó, en qué listas y cuándo.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la unidad de inteligencia financiera de España y la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales: recibe las comunicaciones por indicio y supervisa e inspecciona a los sujetos obligados (artículo 45 de la Ley 10/2010).

Primero confirme que es la misma persona: compare la fecha de nacimiento, la nacionalidad, los alias y los documentos con los datos de la entrada. Si se confirma, la prohibición de poner fondos o recursos a disposición de esa persona se aplica de inmediato (artículo 42.1), así que no siga con la operación y consulte a su órgano de control interno o a un asesor qué medidas y comunicaciones corresponden.

Le sirve para mostrar qué comprobó y cuándo: registra el nombre consultado, las listas revisadas, la fecha y la hora y el resultado, con un enlace permanente para verificarlo. Es un registro de su consulta, no un certificado ni una opinión jurídica, y no sustituye a los demás registros que su programa de prevención exige.